¿Cuántos Menores Extranjeros no Acompañados (MENA) hay?

El pasado sábado la prensa nacional se hacía eco de las dificultades que tienen las autonomías para atender a los inmigrantes menores de 18 años no acompañados, colectivo más conocido como MENA, por sus siglas, cuyo flujo de entrada triplicaría este año el del pasado: 4.988 durante todo 2017; 11.174 en los nueve primeros meses de 2018.

Al hilo de esas reseñas quedaba de manifiesto un hecho que a menudo se olvida: las fuentes de información hoy disponibles en España no permiten conocer el número de MENA que hay en nuestro país, laguna que las fuentes salvan divulgando los valores que les son más familiares, y que en escasas ocasiones coinciden.

Así El País contrastaba en el caso de Murcia los 206 MENA registrados por Interior con los más del doble acogidos por la Comunidad; y lo mismo ocurría en Cataluña donde se ponían al mismo nivel los 1.109 registrados por Interior con los cerca de 2.000 asistidos por la Generalitat. En sentido inverso, atribuía a Andalucía los 2.209 registrados a fin de 2017 asimilándolos a los 1.309 acogidos por la Junta a esa fecha (que en declaraciones de la Consejera del ramo al Parlamento ascendían para esa fecha a 3.306).

Se puede saber cuántos MENA entran en España, pero no puede saberse cuantos MENA están en España un momento dado, ni en qué Comunidad Autónoma están, ni cuantos de entre ellos disponen de la tutela de las Administraciones autonómicas, ni cuantos han marchado a otros países, ni, en consecuencia, cuantos han “desaparecido” por los resquicios de la sociedad.

Además, para mayor confusión, las diversas manifestaciones que hacen las autoridades sobre el número de los MENA son de difícil comprensión puesto que usan indistintamente términos como “han entrado”, “están acogidos en los sistemas de protección”, “están tutelados”…, expresiones que no son intercambiables por reflejar situaciones administrativas –y personales- muy diferentes. Y para completar la confusión no es raro que las instituciones y los medios estén hablando simultáneamente, como si fueran idénticos, del número de menores registrados por Interior en una fecha dada (un “flujo”) y del número de menores acogidos por los sistemas de protección en esa misma fecha (un dato “stock”, que resulta de la suma de varios años de entradas y salidas).

Los efectos de estas carencias informativas –aparentemente banales en términos demográficos- tienen sin embargo una trascendencia relevante para las vidas de los MENA, para su integración en la sociedad y, con ello, para la adecuada maduración de una sociedad avocada al mestizaje, tal como tantas veces ha ocurrido en el pasado y en tantos lugares.

No saber a ciencia cierta cuantos MENA están acogidos en los sistemas de protección, y donde se hallan, es un reflejo de que parte de esos MENA se “sumergen”, con todos los efectos que ello conlleva para su integridad y dignidad por su exposición a la marginalidad, y para la seguridad. Es un reflejo también de que otra parte de esos MENA “son sumergidos” por circuitos de trata de personas, en un porcentaje que es imposible determinar.

Por otro lado, no saber a ciencia cierta cuantos MENA están tutelados y cuantos no lo están (la ley obliga a que las Administraciones autonómicas asuman esa tutela, con las importantes responsabilidades que ello conlleva, tanto si se asume como si no se asume) no sólo impide asignar medios –públicos y privados- para conseguir agilizar los trámites que faciliten la máxima cobertura de la tutela, sino, y sobre todo provoca que parte de los menores, presumiblemente un número cada vez mayor, cumplan los 18 años sin que dispongan de la tutela y con ello de los “derechos” que ella conlleva: apoyo educativo; apoyo a su orientación social, educativa y laboral cuando cumplan los 18 años; disposición de pequeñas bolsas de ayuda económica…en definitiva a que cuando cumplan los 18 años se hallen en posiciones muy parecidas a la que tenían al llegar a España.

Poner luz en la situación jurídico/administrativa de cada MENA, además de ser una obligación exigida por la ley, es un requisito indispensable para la gestión de los flujos migratorios -que no es ni mucho menos previsible que se frenen a corto y medio plazo- y para garantizar la dignidad de los MENA, sobre los que el marco regulador del que nos hemos dotado establece que han de recibir el mismo trato que los menores nacidos aquí.

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