El “mal de la piedra”

Decidir qué infraestructuras acometer es siempre una cuestión que obliga a pensárselo muy bien: compromete muchos recursos (que pueden asignarse a otros fines) y modifica el territorio durante largos períodos de tiempo, a veces de modo irreversible.

Para acometer una infraestructura hay que estar muy seguro de que su realización tiene un “efecto de adicionalidad“, de que mejora sustancialmente la calidad de vida de un colectivo de personas y/o la competitividad de un espacio. Hay que tener también la certeza de que el coste a pagar por ella es el adecuado y de que se disponen de los recursos para asumir ese coste… y para sufragar más tarde los gastos de mantenimiento que conlleva.

Acometer una infraestructura al amparo del principio “la oferta inducirá la demanda” sólo sirve para demostrar lo erróneo de esa apreciación, que desgraciadamente sólo se reconoce -y no siempre- cuando se constata que la infraestructura no se emplea, o incluso que ni siquiera se termina. Acometerla sobre una derivada de ese principio –“vamos a comenzarla, que ya vendrá el dinero para terminarla”- es una buena garantía de que no se ultimará y de que lo poco o mucho que se llegue a invertir será en balde (los “incompiuto” italianos por ejemplo).

Acometer obras por la sola intuición de que alguna vez servirán para algo, una práctica fuertemente arraigadas en algunas regiones, españolas, italianas y de otros países, es a lo que puede llamarse “mal de la piedra”, una pésima praxis política. Su frecuente empleo, más allá de su liviano sostén en los “seudoprincipios” antes reseñados, sólo puede comprenderse desde el realce de imagen que durante un cierto período engrandece a sus promotores, quienes, faltos de otros méritos, derrochan recursos públicos escasos para el exclusivo enriquecimiento de su imagen, una grave corrupción a fin de cuentas.

Ya en el pasado este comportamiento tuvo notables manifestaciones en Andalucía, como fueron los aireados proyectos del Canal Sevilla-Bonanza, el nunca terminado ramal ferroviario Jerez-Ronda…En los tiempos recientes todos tenemos próximos casos de este desvarío: la desmantelada biblioteca universitaria del Prado en Sevilla, la paralizada biblioteca de Córdoba, la ampliación por Campamento del Puerto de Algeciras (objeto de un severo juicio por el Tribunal de Cuentas europeo), la plataforma de contenedores del Puerto de Cádiz….

Esta manera de hacer parecía que era una cultura política del pasado, ya en parte a salvo de ellas por el aparente poderoso poder escrutador de las redes sociales, pero, con cierta sorpresa, las recientes elecciones han puesto sobre la mesa la permanencia de esta manera de proyectar las inversiones públicas, sin pensar en su necesidad. Valga como ejemplo las medidas contenidas en el programa del PP en materia de suelo productivo y logístico, “revival” las más de ellas de incómodos “incompiutos” del pasado reciente:
nueva imagen

Ante todas esas hipotéticas acciones –y cuantas puedan plantearse en el futuro- convendrá detenerse y evaluar de modo riguroso su necesidad, la sensata perspectiva preconizada por la sentencia del Tribunal Supremo en 2017 relativa a Las Aletas o por el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo de 2016 que llevaba el explícito título “El transporte marítimo en la UE…mucha inversión ineficaz e insostenible“:.

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