Las ITI. Primero Cádiz; ahora, quizás, Jaén.

El programa electoral del PP para la provincia de Jaén en las últimas elecciones autonómicas contenía una singular medida: “desarrollar sin dilación la Inversión Territorial Integrada (ITI)”, una medida revindicada pocos meses antes por las autoridades provinciales de Jaén (PSOE), tras advertir –con gran retardo por cierto- la existencia de una bien nutrida “ITI Cádiz”

Una ITI (Inversión Territorial Integrada), para quien no lo sepa, es una figura de intervención regional prevista en el actual Marco Comunitario de Apoyo, que recurre a una vieja manera de tratar una situación de grave deterioro de la competitividad de un espacio determinado: concentrar los recursos públicos de distintos centros directivos y orígenes (en este caso de los distintos Fondos europeos FEDER, FSE, FEADER…) sobre tal espacio, que se habrá dotado de un programa integrado para emplearlos, tratando de manera igualmente “integrada” los problemas y situaciones de diversa naturaleza identificadas como las causantes de ese “gap” de deterioro, e interviniendo sobre ellos mediante medidas bien seleccionadas.

Cádiz había conseguido -en 2014- que la asignación económica indicativa del marco financiero plurianual de los fondos estructurales y de inversión europeos (Fondos EIE) 2014-2020 destinara 1.293 millones de euros a la provincia, para una intervención ITI en ese período. La asignación a Cádiz de esos recursos no supone más recursos europeos para el conjunto de Andalucía, sino que, simplemente, los empleados en la ITI se detraen del total asignado a la región, consignándolos a su uso exclusivo en la provincia, que además sigue con derecho a participar en pie de igualdad sobre el conjunto de recursos restantes. Esta salvedad se ha pasado por alto habitualmente en las explicaciones mediáticas de la ITI, que han sido muy abundantes. Tal mecánica se replicaría en el caso de la ITI Jaén.

Pero la determinación de qué hacer en la ITI Cádiz con esos cuantiosos recursos se está resolviendo sin ninguna reflexión sistemática –ni estratégica ni de ningún otro orden- sobre qué problemas atender para romper el retardo de la provincia y con qué medidas intervenir. El documento base al que hace alusión el Decreto 506/2015 carece por entero de ese carácter estratégico y de ninguna selección jerarquizada de metas ni de instrumentos. En consecuencia, las acciones en las que se están empleando los recursos están siendo determinadas con posterioridad a la asignación de la ITI, de forma no integrada y al margen de su alineamiento con programas regionales preexistentes o con un plan provincial previo, mediante un singular mecanismo de “abajo-arriba” (Comisión de Participación de la provincia de Cádiz), creado tardíamente, a fin de 2015 (Decreto 506/2015 de 15 de diciembre), reservado en la práctica y casi en la forma, para ser empleado por los posibles beneficiarios….

Los riesgos de que la ITI Cádiz quede en un conjunto de pocas y deslavazadas actuaciones en la provincia, que no tengan impacto efectivo para el futuro y que estén expuestas además a graves riesgos de que ni siquiera puedan desplegarse por entero en el ámbito temporal de disponibilidad de los recursos europeos que la sostengan, son muy elevados.

Este caso ilustra a las claras que en la actualidad la “divergencia” o al menos la “no convergencia” de Andalucía con España, no cabe imputarla a un diferencial en los recursos exógenos públicos captados por la Región. Este caso ilustra bien que, sean cuales sean tales recursos, cuantos lleguen están abocados a diluirse sin impacto significativo, dada la incapacidad del sistema político regional para proceder a su adecuada asignación.

Por ello, la actual reivindicación por el PP de una ITI para Jaén, cuando se está agotando ya el período de ejecución de los recursos europeos (2014-2020), o bien apunta a un mero ejercicio retórico para mostrar que si Cádiz la tiene Jaén también; o, por el contrario, sigue siendo una expresión de sostener ese modo insensato de despilfarrar recursos públicos en que vive la región desde hace al menos diez años, y que tantos réditos proporciona a corto plazo a los representantes políticos que tienen en cada caso encomendada su gestión.

Las políticas de desarrollo regional en Andalucía acumulan demasiados fracasos desde que hace un siglo comenzaron a diseñarse y a aplicarse en ella,  pero han proporcionado sin embargo muchas enseñanzas desde el error como para despreciar ese aprendizaje. ¿Estaremos sin embargo ante otras dos oportunidades evaporadas?.

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