Violencia de género. Especial incidencia en Andalucía

El Ministerio de Presidencia ofrece un seguimiento estadístico de la incidencia de la violencia de género. Entre los indicadores para los que proporciona información desagregada por Comunidades Autónomas cabe destacar dos: las denuncias tramitadas por la Justicia en concepto de violencia de género y las condenas por causa de violencia sobre la mujer. Las series de datos tienen por origen el Consejo General del Poder Judicial.

La incidencia en Andalucía de denuncias y condenas por violencia de género es, demográficamente hablando, “muy superior” a la que cabría esperar en función de la dimensión de su población.

Denuncias

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Para tomar consciencia de la magnitud de ese diferencial sólo basta observar lo que se recoge en los párrafos siguientes.

  • El peso de la población masculina andaluza de más de 15 años en la española de esa edad en 2018 era del 17,8%, un peso que con ligeras diferencias se ha mantenido sensiblemente igual a lo largo de la década pasada;
  • Las denuncias en Andalucía en la última década (2008-2018) por violencia de género eran el 21% del total de las registradas en España, tres puntos porcentuales más que el peso demográfico de su población masculina de más de 15 años.
  • Las condenas por violencia sobre la mujer en Andalucía en ese mismo período eran el 22,7% de las españolas, cinco puntos porcentuales más que el peso de su población masculina.
  • En consonancia con esos datos, los ratios de denuncias y condenas por cada mil hombres son bastante más elevados en Andalucía que en España, un diferencial que no se atenúa con el paso del tiempo; unos ratios que además mantienen en ambos espacios una acusada tendencia al alza, en especial en lo que se refiere a las condenas, tras la contención en los años más severos de la crisis.

Hay mucho por hacer para conocer las causas de los elevados niveles de manifestaciones de violencia de género en Andalucía, para identificar también las causas de ese nítido y amplio diferencial entre Andalucía y España, y queda mucho más por hacer para corregir esta situación, máxime en estos momentos en los que el gobierno regional manda señales, cuando menos ambiguas, de su falta de sensibilidad efectiva hacia este problema.

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