Ajustes salariales

Una de las interpretaciones de la situación de Andalucía, que está ganando cierta audiencia, apunta al papel negativo del sistema “subvencional” existente: impediría que los salarios se ajustaran a la baja y con ello evitaría que la región fuera un lugar atractivo para los inversores interesados en implantarse en espacios de bajos costes laborales que contribuyeran con sus empresas a la prosperidad de la región.

Esta pintoresca y un tanto libresca interpretación supone la constatación de la existencia de varias premisas, sin asegurarse demasiado, al uso con los tiempos, de que quizás ninguna de ella existe:

  • La existencia efectiva de un sistema subvencional lo suficientemente potente como para retirar a las personas del “mercado” de trabajo.
  • La existencia de “inversores” ávidos por asentarse en lugares de bajos salarios.
  • La existencia en Andalucía de un nivel de salarios homologable a los de España, como resultas de la caída en ese “riesgo moral” que induce a los parados a no trabajar a cualquier coste.

Quizás merezca la pena pensar bien en la fortaleza de esas suposiciones. Valga un simple ejemplo, tomado de la Encuesta de Costes Laborales del INE, para inducir a la duda.

Coste laboral

 

Sin palabras. El peso de la industria

Los datos que siguen proceden de las series de Contabilidad Regional del INE y reflejan el peso de la actividad industrial en el PIB, de Andalucía y de España. Los datos de 2018 corresponden a Estimaciones (E) del INE.

Se presentan dos series. Una de ellas, que denomino “Industria” recoge el agregado estadístico que suele emplearse en las declaraciones públicas y programas políticos cuando se habla de industria, y que comprende las siguientes actividades: industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. La segunda de las series se ciñe al concepto de “industria manufacturera”, la actividad industrial más genuina.

Pueden interpretarse las series tomando en consideración que Andalucía adoptó como objetivo en su relativamente reciente Pacto por la Industria el que la actividad industrial en sentido amplio, la reflejada en la primera de las series, alcanzara en Andalucía en 2020 el 18% del PIB.

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Las ITI. Primero Cádiz; ahora, quizás, Jaén.

El programa electoral del PP para la provincia de Jaén en las últimas elecciones autonómicas contenía una singular medida: “desarrollar sin dilación la Inversión Territorial Integrada (ITI)”, una medida revindicada pocos meses antes por las autoridades provinciales de Jaén (PSOE), tras advertir –con gran retardo por cierto- la existencia de una bien nutrida “ITI Cádiz”

Una ITI (Inversión Territorial Integrada), para quien no lo sepa, es una figura de intervención regional prevista en el actual Marco Comunitario de Apoyo, que recurre a una vieja manera de tratar una situación de grave deterioro de la competitividad de un espacio determinado: concentrar los recursos públicos de distintos centros directivos y orígenes (en este caso de los distintos Fondos europeos FEDER, FSE, FEADER…) sobre tal espacio, que se habrá dotado de un programa integrado para emplearlos, tratando de manera igualmente “integrada” los problemas y situaciones de diversa naturaleza identificadas como las causantes de ese “gap” de deterioro, e interviniendo sobre ellos mediante medidas bien seleccionadas.

Cádiz había conseguido -en 2014- que la asignación económica indicativa del marco financiero plurianual de los fondos estructurales y de inversión europeos (Fondos EIE) 2014-2020 destinara 1.293 millones de euros a la provincia, para una intervención ITI en ese período. La asignación a Cádiz de esos recursos no supone más recursos europeos para el conjunto de Andalucía, sino que, simplemente, los empleados en la ITI se detraen del total asignado a la región, consignándolos a su uso exclusivo en la provincia, que además sigue con derecho a participar en pie de igualdad sobre el conjunto de recursos restantes. Esta salvedad se ha pasado por alto habitualmente en las explicaciones mediáticas de la ITI, que han sido muy abundantes. Tal mecánica se replicaría en el caso de la ITI Jaén. Sigue leyendo “Las ITI. Primero Cádiz; ahora, quizás, Jaén.”

El “mal de la piedra”

Decidir qué infraestructuras acometer es siempre una cuestión que obliga a pensárselo muy bien: compromete muchos recursos (que pueden asignarse a otros fines) y modifica el territorio durante largos períodos de tiempo, a veces de modo irreversible.

Para acometer una infraestructura hay que estar muy seguro de que su realización tiene un “efecto de adicionalidad“, de que mejora sustancialmente la calidad de vida de un colectivo de personas y/o la competitividad de un espacio. Hay que tener también la certeza de que el coste a pagar por ella es el adecuado y de que se disponen de los recursos para asumir ese coste… y para sufragar más tarde los gastos de mantenimiento que conlleva.

Acometer una infraestructura al amparo del principio “la oferta inducirá la demanda” sólo sirve para demostrar lo erróneo de esa apreciación, que desgraciadamente sólo se reconoce -y no siempre- cuando se constata que la infraestructura no se emplea, o incluso que ni siquiera se termina. Acometerla sobre una derivada de ese principio –“vamos a comenzarla, que ya vendrá el dinero para terminarla”- es una buena garantía de que no se ultimará y de que lo poco o mucho que se llegue a invertir será en balde (los “incompiuto” italianos por ejemplo). Sigue leyendo “El “mal de la piedra””

Pensamiento mágico. La panacea de las infraestructuras

Con esta “entrada” se inicia una pequeña serie dedicada a la inversión y a la gestión pública.

Durante los treinta últimos años las administraciones públicas han invertido cuantiosamente en Andalucía, en múltiples frentes: escuelas, hospitales, puertos, carreteras, ferrocarril, suelos logísticos… Es obvio que parte de esas inversiones están permitiendo la exitosa prestación de unos servicios que estaban fuera del alcance de los andaluces antes de esas fechas; pero no es tan obvio que toda esa inversión tenga efectos positivos en la economía y en el bienestar, y tampoco es obvio que, para que puedan producir en el futuro los efectos positivos aún no aflorados, sea necesario seguir invirtiendo más.

Parte de las inversiones sin impacto apreciable son, simplemente, innecesarias, y añadirles más recursos para su eventual empleo sólo significaría despilfarrar aún más recursos. Esto es válido tanto para inversiones efectivamente llevadas a cabo como para otras que se han tratado de ejecutar (algunas de las cuales aún hoy se persiguen). Sigue leyendo “Pensamiento mágico. La panacea de las infraestructuras”

Subcualificación en Andalucía: un territorio polarizado

Con esta entrada se concluye, por ahora, la aproximación a la “subcualificación” emprendida en las anteriores entradas, donde se la ha caracterizado por edad y género; se pretende ahora situar este “fenómeno” en el mapa, empleando, como en las entradas anteriores, los datos de la EPA para 2017.

La “subcualificación” se extiende de forma marcadamente desigual por Andalucía: en un extremo, Almería (el 57,6%); en el otro, Sevilla (el 40,7%). La presencia en Almería de más de sesenta mil inmigrantes en edad activa puede explicar parte del profundo diferencial; a una escala menor, la presencia de inmigración puede quizás explicar también la posición de Huelva. Este factor no explica sin embargo los altos valores alcanzados por la “subcualificación” en Jaén (52,9%), en Córdoba (49,7%) o incluso en Cádiz (47,1%), una provincia con cierto arraigo de la industria.

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“Subcualificados”. Un bis

Tras la entrada de ayer parecía pertinente preguntarse quienes son los “subcualificados” que se mencionaban en ella. Y nada más entrar en faena para ver sus edades, género, localización…queda claro que –para explicar lo que se ve- es preciso dar un paso atrás y volver a cuantificar a estos “subcualificados” con un criterio más amplio.

¿Qué sentido tiene en los tiempos que corren dar por escasamente cualificadas sólo a las personas que tienen como máximo estudios primarios?; ¿Acaso los estudios obligatorios de secundaria confieren mejores capacidades para aspirar a un empleo digno o para lanzar una iniciativa empresarial atractiva?.

Los niveles educativos empleados en la nota anterior (primaria, secundaria y superior) fueron oportunos para el análisis de la población hace dos, tres o cuatro décadas, pero su validez, al menos desde la perspectiva de la competitividad de una región y de su legítimo deseo a fortalecer sus conocimientos y a fundar sobre ellos una vida mejor, es más que discutible. Por ello –rebobinando un poco la cinta- se ha hecho el ejercicio de integrar también en este colectivo de “subcualificados” a aquellas personas activas que sólo han llegado como máximo a terminar los estudios obligatorios. Sigue leyendo ““Subcualificados”. Un bis”

Activos “subcualificados”.

Al observar los niveles educativos de la población activa andaluza (la EPA del INE sigue siendo nuestra guía) se constata la existencia de diferencias relevantes respecto al perfil educativo de la española: un mayor peso de personas con un nivel educativo máximo de estudios de “primaria” (cuatro puntos porcentuales), un menor peso de personas con educación superior (siete puntos porcentuales). En esas diferencias -aparentemente “pequeñas”- se encuentran algunas de las causas de la diferente productividad, salario y desempleo entre Andalucía y España.

Activos. Nivel educativo

En el caso del paro, el impacto de ese diferencial alcanza manifestaciones muy expresivas: el desempleo se “ceba” entre los andaluces con menor nivel educativo (una tasa de paro del 38%), y, a menor escala, con los que tienen educación superior (14%), mientras que la tasa de paro de los activos andaluces con formación secundaria es de un orden similar a la española.

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Esas cifras conducen a que el colectivo andaluz de personas activas “subcualificadas”  llegan a representar en estas fechas el 43% de los parados españoles de ese mismo nivel formativo.

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Prestar una especial atención en las actuaciones de las políticas de empleo a ese colectivo “subcualificado” (no sólo para darles trabajos de conveniencia con fondos públicos) convendría que fuera una meta de esas políticas, máxime cuando no contiene sólo a personas que, por su edad, van a abandonar pronto la población activa.

Educación superior; ¿”capital humano”?

La Encuesta de Población Activa muestra que una tercera parte de la población activa andaluza tiene estudios superiores. Es cierto que aún no estamos al nivel del resto de España (donde este colectivo representa algo más del 40% de los activos), pero también es cierto que la población activa andaluza tiene ya un perfil del que cabe presumir unas capacidades muy superiores a las que tenían los trabajadores de esta tierra no hace demasiadas décadas. Valga como recuerdo el Censo de 1991; en esa fecha no tan lejana, las personas que tenían lo que entonces se llamaban “estudios medios y superiores” eran en Andalucía el 10,6% de la población activa.

Activos con estudios superiores

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